Ciudad de México, 10 de octubre (SinEmbargo).– “Me atreví a denunciar a mi agresor por todas las mujeres que no lo hacen”. Fue el llamado de María Luz Salcedo –llamada también Lucero–, una joven víctima de violencia física y sexual en Guanajuato que en las últimas semanas ha denunciado la “misoginia” en el estado y la falta de apoyo de las autoridades.
La madrugada del 12 de septiembre, Lucero, de 18 años, conoció a Miguel Ángel Jasso Manríquez. María Luz relató que un amigo en común los presentó y que ambos habían ido por ella a su lugar de trabajo, pero tras dejar en su casa a Héctor Abraham, Jasso pidió a Lucero tener relaciones sexuales con él; como se negó, comenzó a golpearla y la intentó asesinar.
La historia de Lucero es similar a la que viven miles de mujeres en el país, pero que por miedo se niegan a denunciar.
Apenas el pasado martes, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló que una de cada 10 personas en México (11.5% de la población) opina que está justificado pegarle a una mujer.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENRIREH), en México el 46.1% de las mujeres de 15 años y más ha sufrido algún incidente de violencia por parte de su pareja.
La entidad con mayor prevalencia de violencia de pareja es el Estado de México con 56.9%; le siguen Nayarit (53.7%), Sonora (53.7%), el Distrito Federal (51.9%) y Colima (50.2%).
El informe también señala que 13 de cada 100 mujeres en México (13.5%) ha sido golpeada, amarrada, pateada, tratado de ahorcar o asfixiar o agredida con un arma por sus parejas. Además a 7 de cada 100 (7.3%) les han exigido tener relaciones sexuales u obligado a hacer cosas que no les gustan.
Sin embargo, sólo dos de cada diez mujeres que vivieron en violencia en su relación se acercaron a pedir ayuda y el 33% de ellas acudió al ministerio público a presentar una denuncia.
Asimismo el Estudio Nacional sobre las Fuentes, Orígenes y Factores que Producen y Reproducen la Violencia contra las Mujeres informó que en los últimos años, la violencia contra las mujeres se duplicó en todo el territorio nacional, pero en los estados del noreste creció 400% y en el noroeste 200 por ciento.
El análisis, desarrollado por el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRM) de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujeres (Conavim) reveló que las mujeres son las principales víctimas de homicidios cada vez más crueles.
De acuerdo con el estudio, las muertes debidas a negligencia y maltrato pasaron de 14.6% a 6.2% de 2001 a 2010; el total de homicidios de mujeres consumados mediante ataques con sustancias corrosivas o envenenamiento decrecieron de 11.7% en 2001 a 6.3% en 2010. En ambos casos la tendencia se mantiene a la baja.
En contraste, las muertes de mujeres por arma de fuego y explosivos aumentó de 2.8% a 23.8% entre 2001 y 2010; en tanto que los fallecimientos por golpes, sin armas ni violación aumentaron de 8.2% a 18.7% en el mismo periodo, y lo mismo ocurre con los crímenes por ahorcamiento, estrangulación y ahogamiento, que ascendieron de nueve a 12.5 por ciento, precisa el estudio.
IRMA, LA MUJER QUE PARIÓ AFUERA DE UNA CLÍNICA EN OAXACA
El caso de Irma, una mujer indígena originaria de San Felipe Jalapa, Oaxaca, que se vio obligada a dar a luz en el patio de un centro de salud debido a la negativa de atención médica evidenció la vulnerabilidad en la que viven otras mujeres en su misma condición.
Pero la violencia contra Irma no culminó con el parto; minutos después del nacimiento, ella y su esposo fueron obligados a lavar la sangre y los restos de tejido que se desprendieron por el alumbramiento.
La mujer de origen mazateco denunció que ha recibido amenazas por parte del personal médico de la clínica y de funcionarios del gobierno oaxaqueño, quienes le dijeron que “por hacer chismes” sus expedientes del Programa Oportunidades han sido quemados.
La Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser) informó que al menos el 80% de las mujeres indígenas y rurales de Oaxaca son sometidas por el personal médico en las clínicas comunitarias y hospitales a tratos discriminatorios, violencia psicológica, física y verbal, durante el control del embarazo y atención del parto.
Mayra Morales Aldáz, representante de Ddeser, dijo que a pesar de que Oaxaca es un estado multiétnico y pluricultural, los centros de salud que atienden a las mujeres de las comunidades más alejadas y marginadas carecen de un traductor o traductora, lo que deriva en desinformación para las indígenas.
“A las mujeres se les critica porque llegan a su cita después de una jornada de trabajo en el campo o en la elaboración de tortillas. Negarles la atención por no ir bañadas confronta y se convierte en un problema de salud. El hecho de que al llegar a la clínica les piden que se quiten los huaraches para no ensuciar el piso, también es una cuestión discriminatoria”, advierte.
También se detectó que las mujeres son humilladas y ofendidas cuando se quejan por los dolores de parto con frases que cuestionan su vida sexual o el número de hijos.
CON EPN CRECIÓ LA DISCRIMINACIÓN
En el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena, el pasado 5 de septiembre, la Coordinadora Regional de Mujeres Indígenas y Campesinas del Sureste (Coremus), denunció que –aunque históricamente han sido discriminadas– con la llegada de Enrique Peña Nieto a la Presidencia las mujeres indígenas del sureste mexicano ahora también son explotadas, despojadas, despreciadas y reprimidas.
“Las mujeres además de sufrir la explotación, el feminicidio, la violencia de género y violaciones a las mujeres indígenas y campesinas, estamos sufriendo las consecuencias del sistema capitalista neoliberal y patriarcal, y junto con él, un mayor despojo del territorio para las mujeres”, informó.
Coremus alertó que en los últimos tres años principalmente en Tabasco, Veracruz, Chiapas, Yucatán y Oaxaca, se ha incrementado exponencialmente la violencia contra las mujeres.
“Todos los días aparecen mujeres muertas, violadas, desnudas y expuestas desde la saña misógina de sus agresores para mostrar con impunidad la violación a los derechos de las mujeres”, se asentó en la declaratoria.
Además de los problemas que padecen de manera generalizada las mujeres de la región, la Coremus apuntó que cada estado presenta problemáticas específicas.
–En el caso particular de Yucatán, la violencia contra las mujeres se vincula con el machismo, el alcoholismo y el alza de la drogadicción de los hombres. También subieron el número de violaciones de niñas y adolescentes, los embarazos a temprana edad y el silencioso incesto.
–En Campeche, la explotación brutal del petróleo está acabando los arrecifes y otros recursos naturales. Otro problema son los menonitas que depredan grandes extensiones de tierra para producir alimento transgénico y utilizan gran cantidad de pesticidas que afecta los recursos naturales y la salud de mujeres, niños y niñas.
–En Chiapas, la represión, el despojo, el desprecio y la explotación son los delitos que sufren las mujeres. Los feminicidios son una forma de represión selectiva la población femenina. Además se fomentan la división y enfrentamiento entre comunidades y organizaciones.
–En Veracruz, la militarización impactó fuertemente a las mujeres. En las comunidades creció la cantidad de mujeres violadas por militares. La presencia de soldados y narcotraficantes restringió el transito en las comunidades, sobre todo en el caso de las mujeres por el temor a ser presas de las balaceras o violaciones. Los asesinatos son más frecuentes. Aumentaron la violencia intrafamiliar y la violación de niñas.
En ese contexto, las mujeres recordaron que no pueden ser invisibilizadas o excluidas de los programas y políticas públicas, por lo que llamaron a las autoridades federales y estatales para que adecuen sus programas y políticas públicas a las necesidades y contexto social específico que viven las mujeres en cada población y comunidad, y al mismo tiempo se ponga especial acento en la autonomía de las comunidades.
